En la noche del miércoles, una persona denunció en su red social X (@nathluzzz) un supuesto procedimiento irregular llevado a cabo por la Policía Nacional en la Ruta PY 02, en la caseta policial de Caaguazú. Según el relato, la denunciante y su acompañante viajaban desde Asunción hacia Ciudad del Este cuando fueron detenidos abruptamente por un agente de policía.
La denunciante detalló que el agente les indicó que se orillaran, aunque no había ningún cono de señalización visible, contradiciendo la afirmación del policía. Posteriormente, les solicitaron sus documentos de identidad para verificación. El agente exigió que el chofer bajara del vehículo para inspeccionar la cajuela, lo cual cumplió, aunque la denunciante comenzó a grabar el procedimiento desde el interior del vehículo por temor y sospecha de irregularidades.
En el video grabado, se observa a uno de los agentes inspeccionando mientras otro policía se percata de la grabación, intentando obstruirla con una linterna. El chofer ofreció quitar los plásticos para verificar la rueda de auxilio, pero el agente rechazó, diciendo que solo verificaban el chasis del vehículo, lo cual la denunciante señaló que se encuentra en la puerta del vehículo. Al no encontrar nada sospechoso, los agentes devolvieron los documentos y permitieron continuar el viaje.
Métodos y Procedimientos Legales:
La Policía Nacional debe seguir procedimientos específicos y legales durante la inspección de vehículos. Según la legislación vigente, los procedimientos deben ser realizados con respeto a los derechos de los ciudadanos y siguiendo el debido proceso. Aquí se detallan los métodos que deben utilizarse:
Verificación de Identidad: Los agentes pueden solicitar documentos de identidad y del vehículo para verificar su autenticidad y vigencia.
Inspección Visual: Pueden realizar una inspección visual del vehículo desde el exterior sin necesidad de una orden de allanamiento.
Registro del Vehículo: Para una inspección más detallada, como revisar el interior del vehículo o la cajuela, generalmente se requiere una orden judicial. Excepciones pueden incluir situaciones de flagrante delito o sospecha razonable de actividad ilegal.
Uso de Conos y Señalización: Los controles deben estar debidamente señalizados con conos u otras marcas visibles para advertir a los conductores con antelación.
Orden de Allanamiento:
En Paraguay, el Código Procesal Penal establece que para realizar un cateo o inspección exhaustiva de un vehículo se requiere una orden de allanamiento, salvo en situaciones excepcionales donde hay una sospecha razonable de delito inminente o flagrante. Sin una orden, cualquier registro detallado podría considerarse ilegal y los ciudadanos tienen derecho a negarse a dicha inspección.
Denuncias de Procedimientos Irregulares:
En caso de considerar un procedimiento policial como irregular, los ciudadanos pueden presentar denuncias a las siguientes entidades:
Ministerio Público: A través de las fiscalías zonales.
Defensoría del Pueblo: Para recibir asesoramiento y apoyo en la protección de derechos ciudadanos.
Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional: Encargada de investigar las conductas indebidas de los oficiales de policía.
Leyes y Reglamentaciones Relevantes:
Constitución Nacional: Artículos relacionados con la protección de derechos humanos y la inviolabilidad del domicilio y propiedades.
Código Procesal Penal: Artículos 170 y 171, que regulan los procedimientos de allanamiento y registros.
Ley Orgánica de la Policía Nacional: Normas sobre la actuación y responsabilidades de los agentes policiales.
Decretos y Reglamentos Internos de la Policía Nacional: Procedimientos operativos estándar para controles y registros vehiculares.
Conclusión:
El procedimiento denunciado en la Red Social X (Anterior Twitter) plantea serias dudas sobre la legalidad y el respeto a los derechos ciudadanos por parte de la Policía Nacional en Caaguazú. Es crucial que las autoridades pertinentes investiguen este incidente a fondo y tomen las medidas necesarias para garantizar que todos los procedimientos policiales se realicen conforme a la ley y con pleno respeto a los derechos de los ciudadanos. La confianza en las fuerzas del orden depende de la transparencia y la legalidad en sus actuaciones.
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