La Federación Nacional Campesina (FNC) se manifestó este jueves para denunciar el amedrentamiento por parte de civiles armados en la zona de Guahory, Departamento de Caaguazú. La movilización se realizó frente al Ministerio del Interior.
Teodolina Villalba, secretaria general de la FNC, informó que en los últimos días comprobaron la presencia de varios civiles armados en la zona de Guahory.
Para los labriegos es una forma de amedrentamiento contra ellos en una zona en disputa entre familias campesinas y productores brasiguayos.
La manifestación se realizó en la mañana de este jueves frente a la sede del Ministerio Público, informó la emisora 780 AM.
Villalba responsabilizó directamente a la institución estatal y al presidente de la República, Horacio Cartes, por esa situación. «Las autoridades no hacen nada», afirmó.
Se quejó de que el Gobierno juegue a favor de los latifundistas brasileros en desmedro de los campesinos que necesitan tierras.
La organización también tiene pensado ir hasta el Ministerio Público para denunciar los hechos violentos contra los labriegos.
La colonia Guahory, ubicada en el distrito de Tembiaporã, Departamento de Caaguazú, es escenario de una disputa por tierras entre campesinos y colonos descendientes de brasileños.
El Poder Ejecutivo vetó el pasado mes de mayo el proyecto de ley que «declara de interés social y expropia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a los fines de la reforma agraria, varias fincas de la colonia Guahory.
La decisión se basa en informes del Indert que avalan la legalidad de los títulos presentados por los colonos, a pesar de que algunos de ellos son brasileños. Ello, debido a que la anterior legislación permitía dicha situación.
El citado informe técnico menciona que en la colonia Guahory 7 de los 74 títulos expedidos fueron otorgados a personas de nacionalidad brasileña, pero bajo la vigencia del anterior estatuto (Ley N° 854/1963).
El Indert propuso la reubicación de las familias, que se encontraban ocupando los inmuebles de forma irregular en otras colonias, y la posibilidad de adquirir alguna propiedad en la zona.
Esta alternativa fue rechazada por representantes de la comunidad, que solicitaban la anulación de los títulos y la asignación de esas parcelas a los integrantes de dicha comisión.