La Cámara de Diputados analizará en la sesión ordinaria del miércoles 21 el proyecto de ley de desbloqueo de listas sábana con urnas electrónicas y el control del dinero sucio en las elecciones internas. Las normas fueron aprobadas en general y solo resta dar el visto bueno artículo por artículo.
Con la promesa de terminar el tratamiento de ambos proyectos de ley, los diputados resolvieron el miércoles pasado postergar el estudio artículo por artículo y volver a incluirlo en el orden del día de la próxima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
Diputados de la ANR y del PLRA se encargaron de presentar una serie de excusas para no dar media sanción a los proyectos de ley. Tanto el proyecto de desbloqueo como el de financiamiento político fueron remitidos a comisiones para “corregir” los errores que se podrían presentar en la aplicación de la norma.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Ramón Romero Roa (ANR, cartismo), había señalado que la aplicación del desbloqueo de listas puede darse únicamente con el uso de las urnas electrónicas. Sin embargo, alegó que para ello se debe tener un tiempo prudencial para realizar las capacitaciones a los miembros de mesa.
El diputado Bernardo Villalba (ANR, cartismo) atacó el uso de las urnas electrónicas dando a entender de que las máquinas podrían ser manipuladas y que los candidatos ya no invertirán en sus campañas políticas, sino en contratar al mejor hacker para que direccione los votos a su favor.
Financiamiento
El diputado Juan Bartolomé Ramírez (PLRA) indicó que si se quiere llegar a transparentar las acciones y el financiamiento electoral deben poner un tope a la posibilidad de la renta de los aportantes. Planteó que sea del 10%.
Sin embargo, su colega Celso Kennedy (PLRA, efrainista) consideró que las donaciones de campañas y su destino deben ser 100% deducibles para darle mayor formalidad y para que el dinero sea rastreable.
Añadió que también se debe dar participación a las instituciones correspondientes para que se puedan hacer la auditoría.
El proyecto de ley excluye a la Contraloría para hacer auditorías a las rendiciones de cuentas de los partidos. También ignora a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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