El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis aseguró ser un «perseguido de Horacio Cartes y su grupo de contrabandistas». Tildó a la fiscala Victoria Acuña de «sinvergüenza, cobarde y blanqueadora de criminales». El legislador irá a juicio oral por supuesta usurpación de funciones y lesión de confianza.
“Soy un perseguido de Horacio Cartes y su grupo de contrabandistas que sigue teniendo mucha influencia en la Fiscalía y, lastimosamente, en la Justicia”, expresó el senador Enrique Salyn Buzarquis
En su descargo, el liberal también advirtió que la injerencia de ciertos sectores en la Justicia se acabará, y anunció que ya conformaron en el Senado una comisión especial para investigar casos sospechosos de lavado de dinero y contrabando.
Buzarquis se presentó este miércoles a una audiencia preliminar ante la jueza María Griselda Caballero, quien elevó la causa a juicio oral y público. Está siendo investigado por usurpación de funciones públicas, y lesión de confianza.
El parlamentario también tildó de “sinvergüenza”, “blanqueadora de criminales” y “cobarde” a la fiscala Victoria Acuña, y criticó que la misma no asista a la audiencia de esta mañana. “Inventó un viaje y le envió a un fiscal (René Fernández) que no tenía ni la más pálida idea de la causa”, arremetió.
Dijo que la denunciará por juicio falso, hecho que está tipificado en el Código Penal, más otras acciones que llevarán adelante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Aseguró que, si se realizó la audiencia preliminar fue gracias al pedido que se dio en el Senado. En julio, el parlamentario renunció a sus fueros para seguir el proceso en su contra.
“Porque la Fiscalía nunca quiso pedir el informe, nunca quiso que se sepa la verdad. Estos documentos demuestran que no hubo daño patrimonial ni lesión de confianza, ni usurpación, ni nada”, apuntó.
Antecedentes
La causa que enfrente el liberal data de cuando fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el Gobierno de Federico Franco.
El legislador, aparentemente, firmó un convenio, sin autorización, con una empresa italiana, para realizar estudios de suelos en el Chaco, que ya se realizaron con otra firma. Esto habría causado un perjuicio de USD 600.000 al Estado paraguayo.
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