El viceministro de Tributación, Óscar Orué, confirmó que existe un proceso de fiscalización de las cuentas de la familia González Daher y que el ente estatal les aplicará una multa cuando terminen los trabajos. La mitad del dinero en concepto de penalización por no pagar impuestos terminará en los bolsillos de los funcionarios de la SET. Se habla de una suma de entre US$ 10 millones y 12 millones.
Orué conversó este lunes con radio ABC Cardinal y comentó que, a raíz del secreto en las actuaciones, no puede dar a conocer cuánto es el monto actual que evadió la familia del exsenador Óscar González Daher ni tampoco la multa que recibirá el exlegislador, debido a que el proceso de fiscalización todavía no terminó.
“Lo que sí podemos confirmar es que trabajamos con mucha transparencia y objetividad en este caso. No recibimos presión; sí recibimos apoyo de las autoridades nacionales. Todos los movimientos que recibimos de Seprelad fueron considerados en las movilizaciones”, sostuvo el viceministro de la SET, al tiempo de indicar que todo el monto evadido recibió la valoración impositiva, que posteriormente derivará en multa.
“El proceso aún no terminó (…) Hicimos la trazabilidad de los recursos, del movimiento de dinero. En base a eso se pudo determinar la evasión impositiva”, añadió la alta autoridad estatal, quien además detalló que esta auditoría se realizó hace tiempo en base al “gran movimiento de dinero” de la familia González Daher.
Orué confirmó que la mitad de la multa que eventualmente se aplique a los González Daher se repartirá entre los funcionarios y los jefes de departamentos, como lo dispone una ley. Consultado sobre el monto, insistió en que el proceso aún no terminó. Sin embargo, trascendió que la multa por evasión sería de entre US$ 20 millones y 25 millones. Por ende, la “repartija” entre los funcionarios sería de entre US$ 10 millones y 12 millones.
“De 50 a 60 millones de dólares por año”
El exdiputado Óscar Tuma recordó que en 2017 presentó un proyecto para cambiar esta disposición y que el dinero de las multas se invierta en salud y educación. “Creo que la propuesta ha de estar todavía en comisión”, indicó en conversación con ABC Cardinal.
El abogado dijo que “encontró mucha resistencia” a su proyecto, ya que la ley que dispone los incentivos data de 2004 y genera mucho dinero por año. Por ejemplo, dijo que en 2017 la SET recaudó en multas unos US$ 150 millones y que la mitad de este monto fue repartido entre los funcionarios. Incluso, indicó que la entonces viceministra Marta González se llevó una buena tajada de ese dinero.
Tuma consideró “grosero” que los funcionarios tengan este incentivo por hacer su trabajo, ya que eso se incluye en el salario que perciben. “Lo único que le queda a Hacienda es presentar una acción de inconstitucionalidad. Está generando desigualdad entre funcionarios”, concluyó.
Fuente: ABC Color
COMENTARIOS
