Cuatro internos de la Penitenciaría Regional de San Pedro, con elevadas condenas por narcotráfico y homicidio, llevaban una vida de lujos en una granja ubicada detrás de la cárcel. Residían en el sitio sin ningún tipo de custodia.
Los presos fueron identificados como Víctor Benítez Aranda, condenado a 26 años por crímenes vinculados al narcotráfico, al igual que Tranquilino Giménez, quien soporta una condena de 21 años. El tercero es Ramón Benítez, condenado a 15 años de encierro por homicidio doloso, y un cuarto reo cuya identidad no fue precisada. Estos datos son extraoficiales, ya que las autoridades de la prisión no proporcionaron las fichas de dos internos a la Fiscalía, informó Omar Acosta, corresponsal de ABC Color.
Esta irregularidad quedó expuesta tras la masacre registrada ayer, domingo, en dicho recinto, que terminó con la muerte de diez internos, cinco de ellos decapitados, tres calcinados y el resto ultimados a balazos, como parte de una lucha entre miembros del Primer Comando da Capital (PCC) y del clan Rotela.
La fiscala María Dominga Benítez dijo que los cuatro privilegiados presos argumentaron que vivían en la granja por orden del juez de ejecución de San Pedro, Néstor Arévalos (actual presidente del club Deportivo Santaní), pero solo uno de ellos presentó un documento, que resultó ser una fotocopia simple de la resolución, que carece de validez. Todos ellos fueron llevados al interior de la cárcel y puestos a disposición de las autoridades interventoras hasta tanto se aclare la situación de todos.
En la granja habitaban con todo tipo de lujos, tales como televisores led, aire acondicionado y hasta una camioneta, que estaría a nombre del hijo de Benítez Aranda. El rodado fue incautado y depositado en la comisaría 1ª local, expuso la fiscala.
Durante la intervención fueron encontrados mujeres y niños, lo que revela que los reos vivían con sus familias en el sitio. Todos fueron llevados a la comisaría para ser identificados.
El sitio no cuenta con medidas de seguridad adecuadas para la residencia de presos. El director recientemente depuesto, Wilfrido Quintana, declaró que el sitio es propiedad del Ministerio de Justicia.
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