Corte IDH condena a Paraguay por destitución «arbitraria» de ministros de Corte en 2003

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Bonifacio Ríos Ávalos (centro) fue destituido por juicio político en el 2003.  Foto: Archivo ÚH.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos informó este lunes sobre la sentencia a Paraguay por considerar arbitraria la destitución de los ex ministros de la Corte Suprema de Justicia, Bonifacio Ríos Avalos y el ya fallecido Carlos Fernández Gadea, en el año 2003.

Tras la negativa por parte de Paraguay, de aceptar la recomendación de reponer o indemnizar a Ríos Ávalos y a la familia de Fernández Gadea, hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado paraguayo fue a juicio ante la Corte IDH. Se trata del segundo proceso dentro del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.

El caso data del año 2003, cuando ambos magistrados fueron destituidos de sus cargos por medio de un juicio político, por supuesta corrupción, mala administración de justicia y tráfico de influencias. Al considerar que se habían violado sus derechos de legítima defensa, los mismos recurrieron a la CIDH.

Según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Paraguay es responsable internacionalmente por violar la independencia judicial al haber destituido de forma arbitraria a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia en 2003, vulnerando la independencia judicial y perjudicó el orden democrático.

Asimismo, determinó que los cargos contra Ríos Avalos y Fernández Gadea en el trámite del juicio político, por los cuales la Cámara de Senadores decidió su destitución, se basaron en decisiones dictadas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Además, indicaron desde la Corte IDH que quienes integraban la Cámara Alta en ese entonces tenían una posición tomada de antemano.

“En tal sentido, se configuró una seria afectación a la independencia judicial, en tanto fueron irrespetadas las garantías de estabilidad y de protección frente a presiones externas que amparan la función de las juezas y los jueces, y que es deber del Estado salvaguardar”, señala el comunicado de la sentencia.

Finalmente, tras las violaciones declaradas, la Corte Interamericana dispuso medidas de reparación al Estado.

Fuente: UH

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