El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, dijo que Paraguay no se quedará de brazos cruzados frente a «criminales, secuestradores y prófugos» de la Justicia, en el marco de la demanda contra el Estado por USD 80 millones entablada por Juan Arrom y Anuncio Martí.
El canciller Luis Alberto Castiglioni aseveró tajantemente que el Paraguay “no se quedará de brazos cruzados frente a criminales, secuestradores y prófugos” de la Justicia, en relación con la demanda multimillonaria de USD 80 millones contra el Estado, impulsada por Juan Arrom y Anuncio Martí, que se definirá el próximo 7 de febrero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre varios cuestionamientos.
Castiglioni afirmó que la intención de los demandantes es «apropiarse del dinero de todos los paraguayos, con el manifiesto parcialismo de ciertos organismos internacionales. ¡La patria se defiende!”, expresó a través de Twitter.
Castiglioni afirmó que la intención de los demandantes es «apropiarse del dinero de todos los paraguayos, con el manifiesto parcialismo de ciertos organismos internacionales. ¡La patria se defiende!”, expresó a través de Twitter.
El titular de la Cancillería critica un supuesto parcialismo haciendo referencia a la resolución de la Corte por la cual se limita la cantidad de testigos durante el juicio, atendiendo a que el caso lleva alrededor de 13 años y el Estado paraguayo no tendrá la posibilidad de debatir ampliamente las acusaciones en su contra, con un solo testigo aprobado, además de haberse fijado un solo día para escuchar a los testigos y tomar una decisión.
El Paraguay ya solicitó a la Corte que admita una cantidad mayor de testigos, además del ex fiscal general del Estado, Germán Latorre. No obstante, el canciller no aclara a qué acciones refiere cuando dice que el Paraguay “no se quedará con los brazos cruzados”.
Al respecto, el fiscal de Recursos Humanos que lleva la causa, Ricardo Merlo, manifestó que no existe una instancia superior a la Corte y que las sentencias son irrecurribles.
De la misma manera, señaló que lo único que queda es exigir que se otorguen al Paraguay las garantías para poder ejercer una defensa amplia.
Juan Arom y Anuncio Martí fueron procesados por la Justicia paraguaya por una presunta implicancia en el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien fue liberada tras el pago de USD 1 millón.
Previo a la liberación de la mujer, Arrom y Martí, ex integrantes del movimiento político Patria Libre, que dio paso al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, lo que desencadenó en la renuncia de dos ministros y tres jefes de la Policía paraguaya.
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