Senado amplía alcance de subsidio para ciudades fronterizas con Argentina

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La Cámara de Senadores aprobó este miércoles, con modificaciones, el proyecto de ley que establece un subsidio económico especial para los trabajadores de las ciudades fronterizas con Argentina, afectados por el cierre de las fronteras con el vecino país. El texto será devuelto a la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley otorga subsidios excepcionales directos a trabajadores cuentapropistas en situación de informalidad, a comerciantes y afines, ubicados en las ciudades fronterizas con Argentina.

La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó el texto incluyendo a las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa y Ayolas. Sin embargo, el Senado decidió ampliar el alcance de la propuesta incluyendo a varios distritos de Itapúa y Ñeembucú.

Finalmente, el pleno del Senado decidió dejar la lisita de ciudades beneficiadas de la siguiente manera: Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, General Díaz, Cerrito, Mayor Martínez (Ita Corá), Villa Oliva, Villa Franca, Puerto Triunfo (Natalio), Mayor Otaño y San Rafael del Paraná (Ape Aime).

La propuesta de normativa excluye a los comerciantes y trabajadores que hayan sido beneficiados con los pagos del programa Pytyvõ. Asimismo, se suspende para estas zonas el cuarto pago de este beneficio.

 

El desembolso establecido es de tres pagos de G. 500.000. La lista será elaborada por los respectivos municipios, en coordinación con el Ministerio de Hacienda.

Además, el Senado autorizó al Gobierno a que disponga de los saldos de protección social de la Ley de Emergencia para el pago de este subsidio especial hasta USD 10 millones. Los restantes USD 22 millones quedan para que IPS cumpla con los subsidios para el sector formal.

La medida busca paliar los efectos económicos del cierre de las fronteras con la Argentina que lleva cerca de 10 meses e hizo que cientos de comercios de estas zonas cierren sus puertas.

La clausura del paso con la Argentina sigue por decisión unilateral del vecino país, que además de evitar la propagación del virus busca que los habitantes de las zonas fronterizas compren productos de los comercios locales.

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