La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de modificación de ley que plantea la mayor competencia del Estado en la fijación de precios de medicamentos en el país.
El proyecto que modifica el artículo 38 de la Ley 1119/1997, de productos para la salud y otros «de creación de la Comisión Interinstitucional para el control de precios» fue tratado este miércoles en la sesión ordinaria mixta de la Cámara de Diputados.
El documento busca establecer modificaciones con la intención de dar mayor competencia al Estado a la hora de la fijación de precios de medicamentos.
El pleno aprobó esta jornada dicho proyecto y envió a la Cámara de Senadores para su estudio.
La propuesta fue presentada por un grupo de diputados encabezados por Rodrigo Blanco, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien señaló que la Comisión encargada de fijar los precios y venta máxima al público de medicamentos está en su mayoría integrada por el sector privado y con una mínima participación del Estado.
El diputado liberal planteó este trabajo en vista de que hay denuncias de un sobrecosto de medicamentos en relación a los que se venden en zonas de fronteras.
Raúl Latorre, de la Asociación Nacional Republica (ANR), propuso la aprobación del proyecto con modificaciones. Propuso incluir al sector médico en la comisión pertinente.
«Estoy convencido de que la mejor manera de conducir una economía es el libre mercado, pero puede haber una excepción, en este caso la salud», acotó.
El legislador liberal Jorge Querey, por su parte, señaló que hay una necesidad de establecer un mecanismo de control que proteja de los abusos en sobrecostos y Sergio Rojas afirmó que «existe un lucro galopante contra la ciudadanía en cuanto a los medicamentos».
«Ni por esta crisis sanitaria pudieron bajar los precios, al contrario, subieron», lanzó durante su intervención.
Miembros de la Comisión
Comisión Interinstitucional está actualmente conformada por cinco o seis representantes del sector privado farmacéutico y un solo representante del sector público, que en este caso es Dinavisa, por lo que hay dudas sobre el real funcionamiento del mismo y que cumpla con su cometido.
El proyecto de modificación plantea que esté integrada por un representante de Dinavisa, Sedeco, Conacom, del Ministerio de Industria y Comercio, el gremio farmacéutico nacional, los laboratorios nacionales, empresas importadoras de productos farmacéuticos y representantes de pacientes o familiares de pacientes de fundaciones o asociaciones registradas.
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