La Cámara de Senadores convocó al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, para explicar por qué hay exclusiones en el beneficio de pensión alimentaria de adultos mayores a personas de 65 años cumplidos, ya que la ley se volvió universal.
El titular del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas, fue convocado por el pleno de la Cámara de Senadores para este lunes, a las 9.00, a pedido del legislador Amado Florentín, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
También se convocó a representantes de la Contraloría General de la República y la Dirección de Tercera Edad de la cartera fiscal para explicar por qué se realizan censos en los que se establecen indicadores que excluyen a personas con 65 años cumplidos de la pensión alimentaria de la tercera edad.
En diciembre de 2019 se sancionó la modificación y ampliación de la Ley 3728/09 del derecho a la pensión alimentaria para personas adultas mayores en situación de extrema vulnerabilidad social, eliminando el censo y universalizando el beneficio de forma automática a los que cumplan la edad pertinente.
El senador Florentín denunció un caso en particular señalando a una pareja de abuelos que fueron excluidos tras un censo por contar con una casa de material y tener hijos.
«Es cierto, tienen hijos, pero siempre trabajaron, produjeron para mantener a la familia, con el sudor de su frente y fueron excluidos por no mantener las condiciones de elegibilidad», expuso.
Señaló que la ley vigente no permite un censo de exclusión y rechazó que se haga en plena época de pandemia. «Esto se aplica a miles de paraguayos mensualmente», acotó. Advirtió que si Llamosas no da respuestas a la situación solicitará su interpelación.
Por su parte, el parlamentario Gilberto Apuril, del Partido Hagamos, dijo que en la Comisión de Derechos Humanos que preside incluso se está viendo un convenio para solucionar de inmediato el problema. Apoyó la moción de Amado Florentín.
Mientras que, la senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu, acompañó la propuesta y señaló que la ley no es solo «para pobres», sino para paliar la falta de una política social para la tercera edad.
«El 60% de la población llega desprotegida a la tercera edad y esto es para compensar la ausencia de protección social, para que los abuelos tengan autonomía y aunque vivan en casa de sus hijos puedan hacer algo con lo que reciben», acotó.
Dijo que la autonomía es calidad de vida y que la persona mientras más autónoma sea a cierta edad, más tiempo de vida sana tiene.
«La gente cree que porque tiene un aire en una chocita resulta que ya es un millonario, que no necesita, o porque su casa es de material. Si tiene más de 65 es una persona, no tiene ingreso propio y no tiene renta ni capacidad de ingreso propio, es una persona que tiene que ejercer su ciudadanía, su autonomía, por eso se le da un pequeño estipendio», planteó.
Cuestionó que el beneficio se utilice como un mecanismo para dar solo a los simpatizantes de partidos políticos de turno.
Según la legisladora liberal Hermelinda Alvarenga, también de la Comisión de DDHH, Hacienda reportó que 229.000 beneficiarios recibieron la pensión hasta la fecha y que 784 fueron descalificados porque no cumplían con indicadores.
Añadió que es necesario estudiar por qué existen indicadores que descalifican a los adultos mayores.
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